viernes, 30 de abril de 2010

Por una reconstrucción total

Los efectos de la crisis económica internacional mantenían al país en una recesión cuyos alcances eran difíciles de prever, cuando se produjo el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado. La caída sostenida de la actividad económica, el aumento persistente de la cesantía a nivel nacional, marcada por su consolidación al borde de los dos dígitos, eran señales elocuentes del rumbo que tomaba la crisis interna.
Pero el cuadro generado por la catástrofe es la expresión acentuada de un extenso proceso derivado de otra crisis mayor. La crisis general que vive el país desde el siglo XX, entrampado en el subdesarrollo capitalista dependiente, la creciente desigualdad social, la depredación de recursos irrecuperables, el saqueo de riquezas básicas y destrucción del medio ambiente a manos del capital transnacional, manifestación palpable del vertiginoso desarrollo de las fuerzas productivas en contradicción con la distribución y goce colectivo de la riqueza producida socialmente. Situación que el proyecto encabezado por el gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, intentó –entre aciertos y errores- corregir y avanzar en pos de la construcción del orden socialista, único capaz de dar solución a los conflictos mencionados.
La respuesta fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la crisis y dio paso a 17 años de una dictadura del sector más reaccionario del capital financiero, cuyos ejecutores administrativos fueron las FF.AA. y los grupos económicos, los cuales no sólo restauraron, sino que refundaron el orden capitalista lesionado por las reformas impulsadas durante el gobierno popular, para profundizarlo y llevarlo a su expresión neoliberal, que fue la receta internacional del capital transnacional.
Tras la crisis de los años 80, el militarismo no se pudo rehacer durante un prolongado período. La crisis económica de 1982 catalizó el descontento y rechazo a la dictadura. Irrumpió la movilización resuelta de vastos sectores populares y germinó una alianza pluriclasista antidictatorial, respaldada por una potente solidaridad internacional, representativa en su variedad, de poderosas fuerzas políticas internacionales; desde la Internacional Socialdemócrata, pasando por la Demócrata Cristiana Internacional, los países socialistas, el movimiento comunista internacional y diferentes Iglesias cristianas. La dictadura aislada internacionalmente, pero siempre de la mano del imperialismo yanqui, soportaba sobre la base de la fuerza militar y el terrorismo de estado los embates del rechazo popular y de la oposición masiva que maduraba.
La crisis amenazó con generar una situación revolucionaria, pero oportunamente se desplegó el proyecto estadounidense para evitar este curso de los acontecimientos, el que contó con la complicidad de de los sectores que negociaron tempranamente con el militarismo en la mesa ofrecida por EE.UU. Se posicionó a la Concertación como la alternativa entre dictadura o la supuesta amenaza de guerra civil, en caso de prosperar las políticas rupturistas alentadas por fuerzas como nuestro Partido Comunista con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, el MAPU con el Movimiento Juvenil Lautaro y algunos importantes sectores del Partido Socialista. El Militarismo debió ceder ante las “sugerencias” estadounidenses y replegarse en forma ordenada, pues un mayor endurecimiento en la respuesta militar contra el descontento, alejaba toda salida pactada y estimulaba la disposición creciente a romper mediante todos los recursos la institucionalidad dominante. Así se instalaron en su representación organizaciones políticas como Avanzada Nacional, Renovación Nacional o la UDI, paridas por miembros civiles -y ex uniformados- de la dictadura, encabezadas por algunos de ellos y estrechamente vinculados al gran empresariado financiero, enviando a las FF.AA. aparentemente a los cuarteles.
Sin embargo, esto último constituyó un signo simulado necesario. Nada más. Las FF.AA. durante la dictadura abierta, se habían convertido en el partido militar del régimen. Conformaron un grupo económico y se mezclaron tomando parte del botín de los saqueadores del país. Definitivamente las FF.AA. habían profundizado la fusión del poder económico con el poder militar, en la que permanecen. Es decir, las instituciones de la Defensa Nacional no han sido otra cosa que el brazo armado de la burguesía financiera ligada al imperialismo norteamericano, operadora nativa de las estrategias globales del capital transnacional.
El escenario exigía cambios que de no efectuarse, desestabilizarían el sistema y amenazaban con un levantamiento masivo que podía acarrear una salida política adversa a los intereses del militarismo y el imperio. La estabilización se alcanzó mediante la llegada de la Concertación al gobierno, tras vencer en las urnas al militarismo, en el marco de los acuerdos contraídos según la variante estadounidense de salida a la dictadura y obtuvieron 20 años de estabilidad para la prosperidad del capital. Sin embargo, los efectos de las sucesivas crisis internacionales del capitalismo, el agotamiento propio del modelo neoliberal, sumado al desgaste de la Concertación, alimentaron a su vez, el agotamiento del bloque concertacionista y propició con ello la crisis que coronó con la “derrota electoral”, que vino a ser el modo en que se produjo el relevo en el gobierno.
Con el arribo de Piñera a La Moneda, el militarismo pleno – esa alianza del capital transnacional, grupos económicos y empresarios criollos, fundidos con los altos mandos de las FF.AA.- concurre a profundizar factores esenciales del capitalismo, que le permitan disponer con prontitud de mayores cuotas de estabilidad y riqueza proyectadas al corto, mediano y largo plazo. Se produjo así, el relevo no traumático de la Concertación tras dos décadas de gobierno que agotaron sus recursos para sostener estable el sistema capitalista en su versión neoliberal. Esta vez, con un elemento de alta significación: la incorporación del viejo Partido Comunista al parlamento, otorgando mayor legitimidad al sistema de dominación administrado por el Estado y cerrando formalmente su derivación a convertirse en una organización socialdemócrata, que claudicó hace tiempo de las posiciones de ruptura levantadas a comienzo de los años ochenta.

Terremoto y crisis

Transcurridos dos meses del terremoto, con el invierno a las puertas, los dos millones de damnificados por el fenómeno no reciben la ayuda necesaria para superar la emergencia que viven y ni siquiera asoma la posibilidad de que ocurra. Todavía hay una inmensa mayoría, que no recibe nada o cuando mucho, recibieron algo hace un mes y medio.
Hasta el momento, las cifras del daño ocasionado por el terremoto y tsunami son solo aproximaciones, ni el gobierno de Bachelet ni el actual, lograron establecer datos exactos a nivel nacional, salvo en algunos ámbitos más fáciles de contabilizar, como en Salud con nueve hospitales destruidos y la pérdida de 4.000 camas, como en Educación, pero, siempre son aproximaciones. La cifra de dos millones de damnificados podría estar por debajo de la cantidad real. Otro tanto sucede con un millón y medio de viviendas dañadas, de las cuales 500.000 serían las que resultaron totalmente destruidas.
El invierno se anuncia y ya toca las zonas más australes, en tanto los damnificados no tienen resuelta en forma satisfactoria su necesidad de cobijo y cientos de miles deberán optar en algunos casos entre la intemperie y sus viviendas con daños estructurales. A lo que se suma la posibilidad cierta de que los campamentos de emergencia dotados de precarias mediaguas y servicios higiénicos compartidos se transformen casi en viviendas definitivas.
La superación de las graves secuelas producidas por el terremoto y maremoto no demandan solamente una solución económica. Los 30 mil millones de dólares en que se estima el valor del daño ocasionado por el fenómeno, además de que pudiera estar todavía por debajo del monto real de los daños, no resolverían por si solos los requerimientos en vivienda, salud, educación e infraestructura, entre otros. Como tampoco es posible hacerlo combinando los esfuerzos del aparato del Estado y la caridad de todos los signos y orígenes.
La urgencia por soluciones definitivas se convertirá en un factor volátil para la paciencia de los afectados. Si se suma lo anterior a las medidas como la reducción y eventual abolición de la indemnización por años de servicio a los trabajadores que sean despedidos y la ola de despidos en marcha, no sólo se tornará más tensa la relación entre empresarios y asalariados
Así las cosas, el país podría avanzar hacia una profunda crisis social, debido a la sumatoria de la recesión económica que se manifiesta porfiadamente y que podría adquirir nuevas expresiones producto de las oleadas generadas por la crisis económica internacional que lejos de retroceder, resurge en Europa (Grecia, España, Portugal) amenazando a todo el planeta; las medidas de flexibilización del empleo impulsadas por el gobierno sobre los trabajadores; los efectos materiales del terremoto del 27 de febrero, con acento en la destrucción de infraestructura de todo tipo, más su respectivo impacto económico, como el funcionamiento de múltiples servicios; y las secuelas para los dos millones de damnificados, que no reciben –ni recibirán- la urgente respuesta que requieren.
Una crisis social puede transformarse en pocos pasos en crisis política, con sus desafíos y posibilidades. Es un escenario factible. Y como toda crisis, puede volver a ser superada por el sistema mediante la adecuación y manejo en todos los planos, de medidas tácticas y estratégicas eficaces. Lo hace durante siglos. No obstante, en esta nueva espira de la crisis general, surge la necesidad impostergable de la intervención colectiva para solucionar los grandes problemas no sólo de los damnificados, sino también todo el proceso de reconstrucción. Hasta ahora se impone un sólo modelo de reconstrucción del país, proveniente de la administración del Estado y que busca reordenar y propiciar las mejores condiciones para el gran capital transnacional y sus aliados internos, con cargo a los trabajadores. Falta todavía, que los explotados, los marginados, las fuerzas auténticamente progresistas y los revolucionarios levantemos un proyecto social de reconstrucción que contemple mucho más allá de las medidas paliativas, caritativas y de emergencia. Los efectos del sismo y maremoto pusieron en tela de juicio a todo el aparato del Estado y del sistema. Es preciso reconstruir desde la propia institucionalidad vigente, hasta la última vivienda destruida.

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